Fepade y SAT “elaboraron expedientes completos” sobre el caso Monex: IFE

Alfredo Cristalinas, director de la unidad de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), informó a la comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso Monex que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) –por separado– “elaboraron expedientes completos” sobre el uso de tarjetas de prepago.
Todos los involucrados se encuentran registrados en esos expedientes, “pero pueden ser personas que constituyan una fachada, y eso toca a la autoridad correspondiente investigarlo”, dijo Cristalinas al presidente de la comisión especial, Roberto López Suárez.
El legislador negó que la comisión legislativa vaya a desaparecer, ya que fue electa por el pleno de la Cámara, y a éste corresponde decidir sobre su futuro.
No obstante, el priísta Fernando Charleston demandó que se disuelva el grupo de trabajo por no existir elementos suficientes de investigación, y porque la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef) se declaró incompetente para coadyuvar con los diputados.
Alfredo Cristalinas acudió a la Cámara de Diputados para reunirse con la comisión encargada de la revisión –conocida como comisión Monex–, donde reiteró que el uso de las tarjetas de esa institución financiera no correspondió al día de la jornada electoral.
En el caso de las tarjetas, las erogaciones, los retiros y aplicaciones en terminales de punto de venta no corresponden con el día de la jornada electoral ni al de los dos días previos a ésta, insistió.
Incluso, en descargo de la coalición Compromiso por México (constituida por PRI y PVEM), señaló que 50 millones de pesos de los 66 cuyo destino se han cuestionado, corresponden a gastos de campaña.
La explicación del funcionario electoral en torno al escándalo de las tarjetas Monex resultó en que el IFE participó en 600 diligencias, descubriéndose que el grupo comercial Inizzio contrató directamente con Grupo Financiero Monex la utilización de tarjetas y monederos de prepago para hacer llegar recursos “a través de un esquema de solicitudes de dispersión” (distribución del dinero a sus beneficiarios).
El titular de la unidad de fiscalización defendió el contenido del proyecto que elaboró y fue aprobado por el Consejo General del IFE el miércoles.
Apuntó que la cadena de contratación para que el PRI utilizara las tarjetas Monex no es ilegal, pues la importadora y comercializadora Efra y el grupo financiero Monex son empresas constituidas, y “si son fantasma o no, no se califica en ese sentido; son otras autoridades las que tienen esquema de fiscalización, en este caso el SAT, para determinar si son fachada, fantasma o de papel”.
Con vehemencia, el titular de la unidad de fiscalización defendió sus criterios y conclusiones al reiterar que “no estamos en presencia de una infracción, porque no se trata de la contratación de servicios financieros propiamente, sino de servicios de planeación y utilización de dinero, el cual no tenía que pasar por la cuenta del PRI”. Lo que contrató no fue un crédito en efectivo, sino un servicio.
Al concluir el encuentro, el presidente de la comisión especial, Roberto López Suárez, expuso que el grupo de trabajo se quedó –tras el encuentro– con una serie de dudas, ya que “nosotros hemos señalado reiteradamente que las transferencias electrónicas que se están planteando, desde nuestro punto de vista, siguen sin precisarse en su origen, y eso es preocupante por el método utilizado para fondear las campañas electorales”.
El legislador añadió que Cristalinas le dijo que en el SAT y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encuentran expedientes “más completos de los que tiene la misma unidad de fiscalización del IFE”.
López Suárez agregó que Cristalinas “nos dijo que sí existe un registro de las personas que utilizaron los monederos electrónicos, pero incluso me dijo que esos nombres pueden ser una fachada, y eso le toca a la Fepade investigarlo”.

Roberto Garduño, La Jornada, 25 de enero.