Libra García Ramírez al PRI de megamulta

El consejero electoral Sergio García Ramírez no participó en la discusión del caso Monex durante la sesión extraordinaria del Instituto Federal Electoral, debido a su cercanía con los dueños de una de las empresas involucradas.

No obstante, su voto determinó la resolución que libró al PRI de una multa de 75 millones de pesos.

En una primera votación, en la que se registró un empate, García Ramírez no votó, toda vez que desde el 21 de julio pasado se excusó del caso al admitir sus vínculos con Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña, propietarios de la empresa Efra, señalada por aportar recursos para los monederos electrónicos.

Sin embargo, al registrarse un empate, García Ramírez intervino en la discusión y consultó a los consejeros sobre su posibilidad de votar; al no haber objeción para que lo hiciera, se pronunció por eximir de responsabilidad y sanción a la coalición PRI-PVEM.

"Si hice esta inhibición fue simplemente eso, un retraimiento, vamos a llamarle así, pero no me excusé formalmente de participar en el denominado caso Monex... no estoy formulando o retirando una excusa, esto es simplemente reanudando mi participación en esta mesa, a propósito de este caso", argumentó.

Los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván propusieron al Consejo General declarar fundado el procedimiento por el caso Monex y sancionar al PRI por no comprobar el destino de los recursos utilizados en los monederos electrónicos.

Figueroa argumentó que el tricolor no comprobó correctamente el gasto realizado.

"El PRI reparte estas tarjetas entre sus enlaces estatales de las entidades que están precisadas y hasta ahí tenemos como tal, hasta ese momento lo que fueron esos recursos. A partir de ese momento, en mi opinión, hay un desvanecimiento del empleo de esos recursos y su destino", señaló.

Córdova explicó que los contratos presentados por el partido lo que prueban es la existencia de dos voluntades coincidentes, en prestar un servicio, por un lado, y en remunerarlo, por el otro, pero no son mecanismos para comprobar lo que gastó el partido.

"Sigo insistiendo que sería muy mal mensaje hacia el futuro, si aceptáramos los contratos como mecanismos de comprobación de las erogaciones que realizan los partidos", sostuvo.

En respaldo a la propuesta de Figueroa y Córdova, la consejera Marván afirmó que avalar ese tipo de financiamiento sería confirmar que hubo inequidad en la contienda electoral.

"Hacer de cuenta que esto es legal... y no verlo como un financiamiento paralelo en el que hubo la contratación de un crédito, es sin lugar a dudas romper la equidad de la contienda", acusó.

Nacif apuntó que el partido no aportó pruebas para relacionar las obligaciones de los contratos con las tarjetas y el dinero.

Ante la insistencia de los partidos de oposición para que se reconociera que el PRI hizo una triangulación ilícita, el consejero Marco Antonio Baños defendió el proyecto de la Unidad de Fiscalización, al asegurar que se ha aclarado el origen y el flujo del dinero.

"La Unidad ha determinado que al quedar constancia plena, y creo que en esa parte todos los consejeros electorales estamos coincidiendo, quedar constancia plena de cuál es el origen y el flujo que han tenido estas cantidades de dinero, la contratación no resultó ilegal, y ese conjunto de recursos no puede ser imputado a un partido como una aportación prohibida de empresa mercantil en términos del Código Electoral, eso tampoco existió, ahí está", sostuvo.

A pesar de que se pronunció por considerar que hubo financiamiento ilegal, la consejera Macarita Elizondo no acompañó la propuesta de imponer la multa, y junto con García Ramírez, Baños, Francisco Guerrero y Leonardo Valdés aprobaron eximir al PRI.

En tanto, se determinó actualizar las vistas a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al Servicio de Administración Tributaria y a la PGR para que investiguen posibles conductas irregulares.

Por otra parte, los consejeros aclararon que con las resoluciones tomadas ayer aún no se determina si los partidos rebasaron el tope de gastos de campaña.

El IFE indicó que hasta el 30 de enero se discutirá el informe final, y entonces se sabrá si el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, rebasó el tope de gastos fijado en 336 millones de pesos.

Érika Hernández y Leslie Gómez, Reforma, 24 de enero.