Libre expresión en AL, en riesgo

WASHINGTON.— Los principios de la libertad de expresión en el continente se encuentran en riesgo si se aprueba en marzo próximo un paquete de reformas que reducirían las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las reformas serían aprobadas por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se refieren al funcionamiento de la CIDH en general, pero algunas vendrían específicamente a eliminar o debilitar las facultades de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. El interés por reformar la CIDH existe desde hace varios años, pero tomó fuerza en el 2011 cuandoBrasil, Ecuador y Venezuela, molestos con cuestionamientos y medidas cautelares emitidos por la CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión, amenazaron con retirarse de la OEA.

Así lograron que ésta aprobara una serie de recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Aunque todos los actores, incluida la CIDH, están de acuerdo en la necesidad de hacer cambios, algunas propuestas han hecho que en ocasiones el término “fortalecimiento” parezca más un eufemismo que un objetivo real.

Una de las recomendaciones consiste en modificar la estructura de financiamiento de la CIDH, de manera que las nueve relatorías reciban igual cantidad de recursos y las donaciones vayan directamente a la CIDH en lugar de a una relatoría específica.

Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia, dijo que esa recomendación resultaría en una reducción sustancial del financiamiento de la Relatoría y de su capacidad para investigar.

Aunque se propone buscar alguna forma de aumentar el presupuesto, la OEA nunca ha logrado darle suficientes fondos a la CIDH para cumplir su mandato; y la Relatoría, la que más donaciones recibe, funciona en gran parte gracias a éstas, agregó Sánchez.

En su respuesta oficial a la OEA, la CIDH confirmó que “prohibir o impedir, de cualquier manera, que en la práctica pueda operar cualquiera de las fuentes de financiación (externa), conduciría de inmediato al debilitamiento estructural de las relatorías”. Para Karina Banfi, de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información, la propuesta de “equidad” y “balance” presupuestario de las relatorías “esconde una seria amenaza de retroceso en la protección específica de la libertad de expresión”.

“Impedir que pueda seguir gestionando sus propios recursos u obligar a las Relatorías que como la de Libertad de Expresión o la de Defensores de Derechos Humanos, cuentan con un presupuesto más robusto, a asimilarse a las relatorías que tienen menos recursos, sería simplemente impedir que estas oficinas sigan cumpliendo la labor que han venido realizando”, puntualizó Banfi.

Otra propuesta sugiere que la CIDH incorpore los informes de las relatorías en su informe anual, lo cual vendría a restringir la libertad de las relatorías de difundir sus propios informes y llamar la atención pública a situaciones críticas en los países. Alejandro Delgado, presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica, recordó que los Estados no están obligados a acatar las recomendaciones de la CIDH y sus relatorías. Al impedirles difundir sus informes más de una vez al año, se anula un importante instrumento de presión para motivar a los Estados a proteger la libertad de expresión.

En su respuesta, la CIDH confirmó que los reportes de las relatorías “adquieren especial visibilidad y responden a criterios adecuados de oportunidad”, por lo que seguir publicándolos a lo largo del año “permitirá preservar el impacto” de la labor de las relatorías.

La Nación de Costa Rica, a nombre del Grupo de Diarios América (GDA), solicitó la versión de la relatora para la libertad de expresión, Catalina Botero, pero indicó que sólo los representantes de la CIDH pueden referirse al tema. La encargada de prensa de la CIDH, María Isabel Rivero, dijo que dichos representantes se encontraban fuera del país y no podría dar declaraciones. Desde el 27 de noviembre se solicitó una entrevista con el secretario general, José Miguel Insulza, pero no fue posible conversar con él.

Extremos.

Desde que las recomendaciones fueron acogidas por la Asamblea General de la OEA en junio pasado, en Bolivia, los Estados miembros de la OEA, la CIDH y más de 50 organizaciones de la sociedad civil del continente se han abocado a debatir y ofrecer propuestas. No obstante, en el proceso se enfrentan visiones radicalmente opuestas. Una revisión de las posiciones públicas y propuestas expresadas en los últimos meses permite categorizarlas con base en si son restrictivas hacia las facultades actuales de la CIDH y sus relatorías.

Países como Argentina, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela comparten las posiciones más restrictivas. El canciller y vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro había indicado que “les decimos a nuestros hermanos de América Latina y el Caribe: ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana y de la CIDH”.

En tanto, países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Panamá, y Uruguay defienden la necesidad de hacer reformas sin restringir o eliminar las facultades clave de esos órganos.

Por ejemplo, Ecuador propone que se suprima la capacidad de la CIDH y sus relatorías de emitir medidas cautelares, y dejar esa facultad exclusivamente en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En contraste, Costa Rica apoya que la CIDH continúe emitiendo medidas cautelares, en tanto haga algunos ajustes, entre ellos definir parámetros precisos para otorgarlas y dar plazos razonables a los países para cumplirlas. De acuerdo con Karina Banfi, el mecanismo de las medidas cautelares es una de las piedras angulares de la protección de los derechos humanos.

El viernes 7 de diciembre, durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la embajadora de Ecuador, María Isabel Salvador, indicó a la agencia EFE que “nadie busca atacar a la Comisión”.

En un punto intermedio aparecen países que podrían mover la balanza hacia uno de los dos extremos, como México, Chile y Colombia. Éstos han mantenido un rol conciliador, con expresiones de apoyo a las facultades a la CIDH pero sin necesariamente alinearse con ningún lado. Brasil crecientemente pareciera moverse hacia esta posición.

Ante consultas del GDA, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil aseguró que el país no está a favor de restricciones a las contribuciones de naturaleza voluntaria para las relatorías de la CIDH, pero sí avala que las necesidades del SIDH se atiendan con recursos del Fondo Ordinario de la OEA, con una distribución equitativa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia aseguró que su interés es asignar recursos “adecuados, suficientes y balanceados” a todas las relatorías sin que eso afecte a la libertad de expresión y su financiamiento de donaciones de terceros.

La mayor incógnita quizá son los 13 países del Caribe, que suelen votar en bloque y podrían ser determinantes si la aprobación de las reformas se hiciera por mayoría y no por consenso, lo cual aún no se decide, comentó Sánchez.

Autonomía

De aprobarse el paquete, esta sería la primera vez desde su creación, en 1959, que los Estados de la OEA imponen reformas a la CIDH, originalmente concebida como un ente autónomo e independiente. Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), dijo que los Estados están desconociendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos al hacer las reformas por su cuenta. “No puede haber reformas a los Estatutos de la CIDH sin que ella misma plantee los cambios”, comentó.

Hazek Feigenblatt, El Universal, 6 de enero.