Movimiento Ciudadano impulsa en San Lázaro agenda progresista sobre derechos humanos

Movimiento Ciudadano en la Cámara deDiputados, por conducto de su vicecoordinador Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que su partidoimpulsa una agenda progresista en materia dederechos humanos, ante “la realidad creciente y preocupante del elevado porcentaje de violaciones que se presentan en México en esta materia”.

Aclaró que específicamente a su bancada le preocupan las violaciones a los derechos humanos que se dan por parte de elementos de las fuerzas armadas, por lo que demandó que los militares implicados en violaciones de este orden sean investigados y juzgados por tribunales civiles.

Por ello, el legislador presentó ante la Comisión Permanente una iniciativa para reformar el Código de Justicia Militar donde se contempla eliminar la figura del arraigo, tipificar el delito de tortura, adecuar el delito de desapariciones forzadas a los estándares internacionales, y que militares que violen derechos humanos sean Juzgados en Tribunales Civiles.

Resaltó que organismos internacionales como Amnistía Internacional han documentado varios casos de violaciones graves de derechos humanos como delitos de tortura, desaparición forzada y abusos perpetrados por militares y servidores públicos.

Por ello aseguró que Movimiento Ciudadano impulsa iniciativas necesarias que buscan proteger y garantizar los derechos humanos en México.

En ese sentido, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales se refirió a la Estrategia Nacional de Seguridad recientemente presentada por el Ejecutivo Federal que contempla la protección a los derechos humanos.

Sostuvo que “si la estrategia de Seguridad de Peña Nieto no es mera retórica, diputados del PRIAN deben aprobar iniciativas que hemos presentado”.

Por último, independientemente de que las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Defensa Nacional deberán dictaminar durante el siguiente período ordinario dichas iniciativas, Mejía Berdeja confió en que este año la Suprema Corte declare la inconstitucionalidad de la figura de arraigo, que en 2008 fue aprobada por diputados del PRI y del PAN, ya que la decisión de los legisladores entonces ignoró el criterio del máximo tribunal definido en tesis del 2006 para declarar inconstitucional el artículo 122 bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua.

Luciano Franco, La Crónica, 7 de enero.