WASHINGTON.— El segundo round para debatir las más de 300 enmiendas que buscan mejorar o desmantelar el proyecto de reforma migratoria avanzó ayer a marchas forzadas para tratar de establecer las normas de seguridad y criterios que regularán el futuro flujo de trabajadores a Estados Unidos y podrían marcar un antes y un después en el sensible terreno de la reagrupación familiar para millones de inmigrantes.
El marcador de esta audiencia en el comité judicial del Senado favoreció de nuevo a la mayoría demócrata, que echó por tierra varias iniciativas de los republicanos, incluyendo la que buscaba implementar un sistema biométrico de identificación en todos y cada uno de los puertos de entrada y salida del país para reducir la presencia ilegal (actualmente 40%) de inmigrantes que ingresan con visa de turista.
El senador por Texas, John Cornyn, señaló que si Disneylandia ya utiliza un sistema de control biométrico para evitar el fraude con los boletos de entrada, EU bien podría adoptar ese sistema. “Disneylandia tiene muchos menos puertos de entrada en sus parques que los 329 puntos de ingreso que tiene EU”, respondió el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin.
La enmienda fue rechazada por la mayoría demócrata, con el apoyo de republicanos como Lindsay Graham, que la consideraron excesivamente costosa —unos 25 mil millones de dólares— e imperfecta.
El proyecto de reforma migratoria que promueven 8 senadores bipartidistas contempla un sistema de verificación que depende fundamentalmente de la base de huellas y fotos tomadas a quienes cuentan con una visa y que formará parte de una base de datos altamente sofisticada para controlar las entradas y salidas y con acceso a todas y cada una de las agencias federales.
Tras este fracaso, el senador republicano por Alabama, Jeff Sessions, lanzó una segunda ofensiva contra la “amnistía” a favor de 11 millones de indocumentados. Su objetivo era asegurar el éxito de una enmienda para limitar a 1.2 millones la cuota anual de inmigrantes. Advirtió que en los próximos 10 años la cifra derivada del proceso de legalización disparará hasta 30 millones de trabajadores la mano de obra adicional que la economía del país será incapaz de absorber.
Sin embargo, Graham recordó que en los próximos 20 años se retirarán del mercado laboral 80 millones de los llamados baby boomers (que nacieron entre 1946 y 1964). “Necesitamos de los inmigrantes”, dijo.
En un apartado adicional, demócratas y republicanos acordaron la introducción de enmiendas que favorecerán la continuidad de visas para trabajadores altamente especializados que reclaman las empresas de alta tecnología y añadieron un capítulo para impulsar la mejor preparación de ciudadanos de EU en el campo de la alta tecnología.
En tanto, Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, advirtió ayer que la detención de indocumentados en EU se ha convertido en un millonario negocio para corporaciones dedicadas a la administración de cárceles y centros de detención. “La última cifra que tuvimos es que cada mes se pagan 17 millones de dólares por los indocumentados que son procesados bajo el programa de Streamline en la Corte Federal en Tucson (Arizona)”, dijo.
Jaime Hernández corresponsal, El Universal, 15 de mayo.
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