Entregar la enseñanza pública a la IP, el objetivo real, dice Raquel Sosa

Con la aprobación de las modificaciones a los artículos tercero y 73 constitucionales, en México se enfrenta una verdadera “contrarreforma educativa”, que tiene como premisa básica la “entrega de la educación pública a manos privadas”, afirmó Raquel Sosa Elízaga, ex secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal y catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México,
En entrevista con La Jornada, señaló que desde la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, en 1992, empezó un acelerado proceso de injerencia de entes como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las políticas educativas, que 20 años después “pretenden no sólo prestar recursos, sino convertirse en grupos rectores que determinen el sentido de la enseñanza en México”.
Al aplicar una tercera generación de reformas estructurales en materia educativa, agregó, se busca acabar con “toda una generación de maestros formados en los principios y la tradición del normalismo mexicano, pero también flexibilizar las condiciones de trabajo de uno de los sectores organizados en el sindicato más poderoso de México, y quizá de América Latina, lo que no es un hecho menor”.
Sosa Elízaga, especialista en el análisis de temas de enseñanza y ex secretaria de Educación, Ciencia y Cultura en el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, destacó que incluso desde los años 80 del siglo pasado, el FMI empezó en América Latina “ajustes estructurales que redujeron el presupuesto educativo en cerca de un 35 por ciento.
“En este mismo periodo el BM comienza a intervenir cada vez más en las políticas públicas de los estados de la región, particularmente, aunque no de forma exclusiva, en programas de corte social, y es precisamente en esta coyuntura cuando en México empieza el proceso de descentralización de la enseñanza, con lo que se pretende justificar la reducción brutal de recursos destinados al sector”.
Los antecedentes de la actual reforma, asegura, también se remontan al sexenio del ex presidente Vicente Fox, cuando el “BM y la OCDE introducen la obligatoriedad de exámenes para evaluar el desempeño educativo. En su gobierno se contrató a la consultora canadiense Mackenzie, que recibió un contrato de 7 mil millones de pesos para hacer reactivos para las evaluaciones estandarizadas”.
El objetivo de aplicar este modelo de evaluación, indica, fue imponer cambios en planes y programas de estudio, pero también en la organización y la gestión escolar. “No es extraño que en el sexenio de Felipe Calderón el concepto de calidad educativa se desarrollara aún más, como parte de una subordinación a los patrones internacionales fijados por el BM y la OCDE” en materia educativa.
Autonomía, opacidad y pérdida de facultadesActualmente, asegura, enfrentamos una tercera generación de reformas neoliberales en la educación. Para el BM, explica, no basta con impulsar un modelo de descentralización, sino que ahora “busca la llamada autonomía. Y lo ha demandado no sólo en este sector, también con el Banco de México y Petróleos Mexicanos”.
Los organismos descentralizados deben entregar informes a las secretarías de Estado de las que dependen, y si firman acuerdos o convenios, por medio del presidente de la República se debe informar al Congreso de la Unión, el que decide “si nos conviene suscribirlos. Hay un sistema de rendición de cuentas”.
Pero en el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, al que con la reforma se dota de autonomía y de nuevas facultades, por medio de la coordinación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa “se le otorga autoridad para suscribir convenios con cualquier organismo público o privado. Es decir, si hace un acuerdo con Mexicanos Primero, podrán darle toda la información que quieran, pero lo mismo ocurre con la OCDE o el BM”.
Es la legalización de la opacidad, afirma, pero también la “pérdida de facultades del Estado, y esto es precisamente lo que significa la privatización de la educación, que ahora sean organizaciones como la OCDE, el BM o el FMI, incluso grupos como Mexicanos Primero los que determinen los procesos fundamentales de la enseñanza, lo que no podemos permitir”.
En cuanto al nombramiento de Sylvia Schmelkes del Valle como presidenta del INEE, quien se ha desempeñado como asesora y miembro de consejos consultivos de la OCDE y el BM, afirmó que “ha sido su representante directa durante años. Estamos entregando la educación pública a manos privadas, porque ninguno de quienes encabezan el instituto, pero particularmente su presidenta, pueden ser considerados como representantes del interés público en el sector”.

Laura Poy Solano, La Jornada, 5 de mayo.