EU: derecha va contra la reforma migratoria


WASHINGTON.— La Heritage Foundation, viejo bastión intelectual de la derecha conservadora, difundió ayer un estudio que afirma que la iniciativa de reforma migratoria costará al erario un total 6.3 billones de dólares “en las próximas décadas”. La organización aprovechó el próximo debate y la presentación de enmiendas a la iniciativa en el Senado para lanzar una ofensiva que busca hacer temer a los ciudadanos por sus bolsillos.
En la misma jornada, activistas denunciaron un movimiento impulsado por senadores republicanos para descarrilar la aprobación en el Congreso de la ley que reformaría el sistema migratorio en EU
Los estudiosos de Heritage usaron una simple operación de sustracción matemática. En su opinión, los inmigrantes se beneficiarán con un total de 9.3 billones de dólares en programas de asistencia gubernamental, mientras que sólo pagarán el equivalente en 3.1 billones de dólares en impuestos por el resto de sus vidas.
Tras la difusión de estas cifras, expertos en economía han reaccionado con escepticismo, asegurando que el estudio patrocinado por la Heritage Foundation tiene todos los síntomas de un caprichoso cálculo presupuestario. Además, consideran que la credibilidad del reporte ha sido mermado por los efectos de una evidente intencionalidad política.
El Cato Institute, en su sitio de internet, indicó que el estudio de Heritage es una actualización de un análisis “totalmente defectuoso” ya publicado en el 2007.
Las conclusiones anteriores, según Cato Institute, no tomaban en cuenta los potenciales beneficios económicos de integrar a unos 11 millones de residentes ilegales en la sociedad.
Específicamente, mencionó la probabilidad de crecientes ingresos impositivos y una expansión económica como consecuencia de una ampliación de la fuerza laboral y la población legal de Estados Unidos.
El informe de la Heritage, organización que encabeza el ex senador republicano Jim DeMint, un cruzado del movimiento conservador y detractor de la reforma migratoria, se ha convertido en punta de lanza de una campaña que busca presentar el proyecto de ley que impulsan demócratas y republicanos desde el Senado como una forma de “amnistía” que, además, supondrá una pesada carga al presupuesto.
El debate de la iniciativa y de las enmiendas que serán presentadas a partir del próximo jueves, ha inaugurado una ofensiva que sigue los mismos pasos de los ataques que derrumbaron la frustrada iniciativa de reforma migratoria en el 2007.
Analistas y especialistas independientes han salido al paso de las cifras de la Heritage Fundation para asegurar que una reforma migratoria no sólo se traduciría en un aumento del PIB del 0.9% en los primeros 10 años (el equivalente a 1,700 dólares de ingreso per cápita), sino que, tras su aprobación y promulgación en ley, el déficit presupuestario se recortaría hasta en un 2.5 billones de dólares.
Según el estudio elaborado por Douglas Holtz-Eakin, ex director de la Oficina del Presupuesto en el Congreso, los análisis elaborados por instituciones como Heritage arrojan resultados parciales e incompletos. En su reporte presentado el pasado mes de abril, Holtz-Eakin estableció la relación entre demografía y crecimiento a partir de un análisis matemático que ha tenido en cuenta múltiples variables, entre ellas el dinamismo que casi siempre trae consigo una comunidad inmigrante que, se convierte en el detonante de crecimiento en el empleo y la economía.
Los resultados de este análisis prevén que, en 10 años y tras la promulgación de una reforma migratoria, el aumento del PIB se traduciría en un aumento del ingreso per cápita de 62,900 a 64,700 dólares. Es decir, un aumento neto de entre 1,500 y 1,800 dólares.
“Pandilla de odio”
En una rueda de prensa Tory Brown, de la organización America’s Voice Education Fund, denunció lo que llamó una “pandilla de odio” formada por los senadores Jeff Sessions de Alabama, Chuck Grassley de Iowa, David Vitter de Louisiana, y John Cornyn y Ted Cruz de Texas, quienes favorecen una iniciativa enfocada en la aplicación de las leyes migratorias vigentes y rechazan la vía para que los inmigrantes alcancen la ciudadanía. Dijo que el grupo de senadores está asesorado por Mark Krikorian, líder del “grupo de investigación antiinmigrante” Centro para Estudios de Inmigración y autor del concepto de autodeportación, basado en crear condiciones tan difíciles que los mismos migrantes decidan regresar a su país de origen.
Añadió que los apoya Kris Kobach, secretario de Estado en Kansas y autor de las leyes antiinmigrantes en Alabama y Arizona, así como Jim DeMint y John Tanton considerado “el padre de el moderno movimiento antiinmigrante”. Aaron Flanagan, director de investigación del Centro para Nuevas Comunidades subrayó que el movimiento que busca descarrilar la aprobación de la legislación migratoria en el Congreso está respaldado por otros grupos como “Numbers USA” y la Federación para la Reforma Americana.
Ayer mismo, el diario Los Ángeles Times retiró el término “inmigrante ilegal” de sus ediciones por despectivo, impreciso y mal empleado. The Denver Post ha procedido en el mismo sentido.
Jaime Hernández corresponsal EL Universal, 7 de mayo.

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