IFE se declara sin facultades para suspender Cruzada contra el Hambre

PAN y PRD fracasaron en su intento por suspender la Cruzada contra el Hambre, luego de que el IFE explicó que no cuenta con facultades para cancelar un programa social, y menos de índole federal.

Al analizar los recursos que interpusieron en la víspera tanto el sol azteca como el blanquiazul para que esa autoridad electoral aplicara medidas cautelares al mencionado programa por su presunto uso con fines electorales para beneficiar a los candidatos del PRI en varias entidades, sobre todo en Veracruz, la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE falló en contra de las peticiones de ambos partidos.

No obstante, la comisión que encabeza Alfredo Figueroa consideró imperativo investigar la posibilidad de eventuales irregularidades en el desempeño de funcionarios de la Sedesol en esa entidad, por lo cual dio vista a diversas dependencias, entre ellas a la Secretaría de la Función Pública, así como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR, a fin de que deslinden responsabilidades.

Asimismo, se dio vista a la Unidad de Fiscalización del IFE, así como a la Contraloría y al Instituto Federal de Veracruz para que investiguen si se han utilizado recursos públicos con fines electorales.

En la víspera, el PAN y PRD interpusieron sendas quejas ante el IFE para demandarle aplicar medidas cautelares para suspender la Cruzada contra el Hambre previo a las elecciones del 7 de julio donde se renovarán más de mil presidencias municipales, 14 congresos locales y la gubernatura de Baja California.

El representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, dijo que la aplicación de esa Cruzada contra el Hambre en el estado “puede constituir alguna clase de inducción, presión, negociación o compra de la voluntad ciudadana con el objeto de favorecerse indebidamente”, esgrimió en la queja.

Estableció que desde la presentación de la Cruzada, el 21 de enero, se ha difundido ampliamente en medios de comunicación; por tanto, “impacta en la creciente publicidad otorgada a la referida estrategia gubernamental (...) a fin de favorecer a los candidatos del PRI, pues al ejecutarse desde el inicio del proceso electoral y permanecer en cuanto a su ejecución y publicidad en las etapas del proceso electoral local” se viola “flagrantemente” la equidad que debe prevalecer en la competencia política.

Alejandro Páez, La Crónica, 3 de mayo.